Moción de rechazo al recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP al decreto de la función social de vivienda
25 de julio de 2013 | 174 lecturas


El gobierno de España, el PP, vuelve a dejar a los andaluces y andaluzas desamparados, esta vez ante los desahucios. Vuelven a demostrar que se deben a las grandes empresas, bancos y capital financiero incluso por encima de la ciudadanía. El decreto ley que asegura la función social de la vivienda es plenamente constitucional, ya que defiende lo que dice la propia Constitución, pero con este recurso se paraliza toda su acción durante al menos 5 meses.


Anabel Burgos y María Parreño presentan moción contra el recurso del PP

El PP ha presentado un recurso en el Tribunal Constitucional contra el decreto ley de la Junta Andalucía que asegura la función social de la vivienda, lo hace a sabiendas de que dicho recurso paraliza automáticamente los efectos del decreto ley y deja totalmente desamparadas a decenas de familias frente a los bancos y frente a los desahucios, poniendo de manifiesto al lado de quién están. Con este recurso el PP se echa a sus espaldas toda la responsabilidad de los desastres familiares y humanos que se produzcan durante este periodo en el que el decreto ley está paralizado.
Por ello, Izquierda Unida está presentando mociones a lo largo y ancho del territorio nacional pidiendo a los ayuntamientos que se posicionen contra este recurso y le pida al Tribunal Constitucional que no paralice el decreto ley.

Aún así, la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía está ultimando la aprobación en el Parlamento de la Ley que asegura la función social de la vivienda y que volvería a poner en marcha la maquinaria para luchar contra los desahucios y a favor del derecho a una vivienda digna y asequible.

Esta es la moción presentada:

Anabel Burgos Jiménez, portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía de El Viso del Alcor, al amparo del artículo 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su debate y aprobación por el Pleno de la Corporación en su próxima sesión, la siguiente MOCIÓN:

MOCIÓN DE RECHAZO AL RECURSO AL TC PRESENTADO POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA CONTRA EL DECRETO LEY ANDALUZ PARA ASEGURAR LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA VIVIENDA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Consejo de Ministros del pasado 28 de junio de 2013, ha aprobado un Acuerdo por el que se solicita al Presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 1, por el que se da nueva redacción a los artículos 1.3, 25 y 53.1.a) de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía; y la Disposición adicional segunda del Decreto-Ley de la Junta de Andalucía 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda.

El Decreto Ley para Asegurar la Función Social de la Vivienda es plenamente constitucional. El artículo 33 de la Constitución Española consagra la “función social” del derecho de propiedad. La “función social” forma parte del contenido esencial del derecho de propiedad. Eso es exactamente el objetivo del decreto-ley, que no haya casas sin gente ni gente sin casas. Al tiempo que busca la protección de familias o personas que se encuentren con una orden de desahucio y estén dentro de los requisitos establecidos por el decreto-ley.

El pasado 11 de julio el Gobierno presenta el recurso sin clarificar cuáles son los aspectos objeto del mismo ni las causas en que el mismo se sustenta. La alusión a que el Decreto Ley afecta al contenido esencial del derecho a la propiedad privada es falsaria y tramposa. Las administraciones públicas realizan expropiaciones cada día para construir metros, autopistas, carreteras, colegios, hospitales y hasta campos de golf, invocando para ello el interés general, sin que medie protesta alguna del Consejo de Ministros.

Aquí lo que el Consejo de Ministros está defendiendo no es el derecho a la propiedad, sino los intereses de las entidades financieras, en este caso a costa de una violenta intromisión en la soberanía andaluza y poniéndose enfrente de la mayoría social y las familias y personas que están ya con una orden de desahucio ejecutada por la entidad financiera.

El Decreto Ley fue convalidado sin ningún voto en contra en el Parlamento de Andalucía, donde continúa su tramitación parlamentaria como proyecto de Ley.

Con este Decreto Ley, la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha dado respuestas a la vulneración sistemática del derecho humano a la vivienda que está teniendo lugar en Andalucía, denunciado incluso por la ONU y a la falta de medidas legales reales aprobadas por la mayoría parlamentaria del Congreso de los Diputados para paralizar los desahucios de la vivienda habitual y permanente. Es decir, para las familias y personas que están sufriendo una orden de desahucio, en la mayoría de los casos con menores.

La Consejería ha iniciado ya la tramitación de 7 expedientes de expropiación temporal a sendas familias que tienen orden de lanzamiento de su vivienda y continúa con la tramitación de más expedientes de expropiación del uso de viviendas para seguir evitando desahucios de personas en riesgo de exclusión social. De igual modo está trabajando en la inspección del parque andaluz de viviendas para detectar inmuebles deshabitados y, eventualmente, proceder a la sanción de las personas jurídicas que los posean.

Por todo esto se somete a consideración del PLENO los siguientes:

ACUERDOS

  1. Este Pleno insta al Parlamento Andaluz y al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que continúen en la defensa del derecho humano a la vivienda y la soberanía del pueblo andaluz recogida tanto en el Estatuto de Autonomía como en la Constitución Española.
  2. El Pleno manifiesta el rechazo al recurso presentado por el Gobierno de Rajoy al Tribunal Constitucional contra el Decreto-Ley andaluz para asegurar la función social de la vivienda.
  3. El Pleno insta al Presidente del Gobierno a que retire dicho recurso ya que no están justificadas las consideraciones de inconstitucionalidad esgrimidas por el Consejo de Ministros. Siendo el Decreto-Ley para asegurar la función social de la vivienda plenamente constitucional.
  4. El Pleno anima al conjunto de la sociedad civil a movilizarse en defensa del Estatuto de Autonomía y el decreto-ley para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda.
  5. Dar traslado de los acuerdos, al Consejo de Ministros, a la Mesa del Parlamento Andaluz y al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.



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