Moción para colocar placa informativa de la fosa común del cementerio municial

1ro de abril de 2014 | 317 lecturas



En su carta de despedida, Julia Conesa, una de las conocidas como las Trece Rosas, escribía como frase lapidaria pero también valiente: “Que mi nombre no se borre de la historia”. Una forma clara, concisa y acertada de pedir que aprendamos de los errores pasados, de que no olvidemos las atrocidades cometidas y así no volver a repetirlas... en definitiva, que no tratemos de borrar un episodio de nuestras vidas creyendo que eso hará olvidar.


La recuperación de la memoria democrática supone un problema para mucha gente en este país, y en esta comunidad. Un problema porque se niegan a reconocer que existieron crímenes, que se cometieron infinidad de injustas muertes, que hubo un abuso de poder por parte de las autoridades, que se legalizó la tortura y la vejación incluso. Y todo ello durante un extenso período de tiempo, que aún cuenta con testigos vivos y cercanos de estas experiencias.

Con la proposición de ley presentada por IU en Andalucía, no podemos reparar todo el daño hecho ni devolver lo perdido a los que sufrieron humillaciones y vejaciones, pero sí podemos, y debemos, hacer lo posible por darles su sitio en la historia, reconocer a esas personas asesinadas, perseguidas o secuestradas. La actual ley vigente cuenta con buenas intenciones, pero carece de concreción en su aplicación. A esto debemos sumar la nula intención del actual ejecutivo central de cumplirla. El PP, con Mariano Rajoy al frente, nunca ha ocultado su desacuerdo con la existencia de esta norma y ha hecho, y lo sigue haciendo, todo lo posible por evitar su desarrollo.
Es imprescindible recordar y honrar a quienes se esforzaron por conseguir la democracia en Andalucía, a quienes sufrieron las consecuencias del conflicto civil, a los que lucharon contra la dictadura en defensa de las libertades y los derechos.

En concreto el proyecto de ley habla de que si para realizar labores de indagación, localización, delimitación, exhumación, identificación o traslado de los restos de las víctimas de la represión franquista se declaran de utilidad pública e interés social, por lo que si el propietario de los terrenos no diera consentimiento, el Gobierno andaluz expropiará temporalmente el uso de ese terreno. Además se establecen sanciones que van desde los 2001 a 10000 euros en casos graves, por no retirar los símbolos de la dictadura; y los muy graves que van desde 10001 euros hasta los 150000 euros por construir donde haya fosas comunes. No se considerarán que concurren razones artísticas para mantener elementos de exaltación de la dictadura en plazas, escudos, insignias, inscripciones sobre edificios o lugares históricos, incluidas las iglesias; cuando existan alusiones que desmerezcan la legalidad republicana; cuando existan alusiones a los instigadores, participantes o legitimadores de la sublevación militar del 36 y de la dictadura franquista. Se incluye, además, en el curriculum de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, del Bachillerato y de la Educación permanente de personas adultas la Memoria Democrática.

Por todo ello, y siguiendo con el trabajo iniciado por grupos como la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica y el Colectivo Ecopacifista Solano, desde el Grupo Municipal de IU hacemos la siguiente propuesta de acuerdo para el próximo pleno municipal:

Colocación, en la puerta de entrada, de una placa identificativa de la fosa común situada dentro del Cementerio Municipal “San Francisco”, de acuerdo con el art. 18 de la Proposición de Ley que IU ha presentado, y donde se recoge que La Junta de Andalucía, a través de la Consejería competente en materia de memoria democrática, y de acuerdo con las Entidades Locales, impulsará un protocolo de actuación para dignificar las fosas comunes de las víctimas de la represión en los cementerios municipales.









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