Manifiesto de los alcaldes y cargos públicos encerrados en (...)

Manifiesto de los alcaldes y cargos públicos encerrados en el Parlamento de Andalucía

24 de octubre de 2008 | 168 lecturas

Desde hace más de 30 años los ayuntamientos del Estado español han venido reclamando una solución justa en materia de financiación, solución que lejos de acercarse se ha ido demorando de un modo inexplicable en el tiempo.

Desde el inicio de la democracia en nuestro país todas las fuerzas políticas han incluido entre sus ejes programáticos y compromisos electorales, mejorar la financiación municipal, y siempre la FEMP ha planteado como prioridad resolver el marco competencial y de financiación de los ayuntamientos.

No solamente han sido los ayuntamientos , los partidos políticos, sino también el Congreso y el Senado, cámaras de representación de la soberanía popular, quienes en reiteradísimas ocasiones han aprobado a lo largo de los años numerosas mociones, proposiciones etc…. instando al gobierno de turno a que resolviera el problema de financiación deficitaria de los Ayuntamientos de nuestro país.

Mas aún, todos los Presidentes de Gobierno, en las reuniones mantenidas con los representantes de los Ayuntamientos se han comprometido a abordar sin demora el marco competencial y de financiación de los ayuntamientos.

Durante 30 años se ha reconocido lo justo de la reivindicación municipal, se han adoptado decisiones institucionales que se han incumplido de un modo flagrante por los gobiernos del PP y del PSOE a nivel estatal.

Lejos de avanzar en la mejora de la financiación, en estos años, se han producido decisiones y hechos que han ido agravando la situación hasta límites insostenibles. Los ayuntamientos, ante la dejadez de otras administraciones, han ido asumiendo competencias impropias que se están financiando con recursos municipales cuando deberían ser financiadas por otras administraciones, si a ello unimos una financiación insuficiente e injusta, un modelo desigual, confuso y parcial y la creciente demanda social de servicios, podemos concluir que se ha llegado a una situación realmente limite.

Así lo entendió la Asamblea de la FEMP ,celebrada el año pasado, que centró buena parte de su debate y resoluciones en la necesidad de abordar sin mas demora este reto exigiendo al gobierno de la nación y también a los gobiernos autonómicos que asumieran sus responsabilidades.

Los ayuntamientos, los pueblos y las ciudades, han sido auténtico motor de cambio en nuestro país en los últimos 30 años, pueden y deben jugar un papel clave para conseguir la igualdad de oportunidades de los ciudadanos y para incrementar la cohesión social, pueden y deben ser la institución que con mayor rapidez y eficacia pueden dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos, pueden y deben ser espacios de convivencia e integración y son sin ninguna duda el primer lugar al que acuden los ciudadanos buscando solución a sus problemas, unas veces de competencia municipal y la mayoría de veces de competencia de otras administraciones.

Para cubrir estos objetivos son imprescindibles más recursos.

A pesar de todo esto, de las reclamaciones de la FEMP, de las aprobaciones del Congreso y el Senado, de los compromisos de las diferentes fuerzas políticas la situación de los ayuntamientos es hoy lamentable, peor en porcentaje de asignación de recursos que hace 25 años. Hoy la participación de los ayuntamientos en el gasto publico estatal es inferior al de hace 25 años.

Desde IU hemos trabajado, en el marco de la FEMP y a través de nuestra representación en las instituciones del Estado y de las comunidades autónomas para que esta situación mejore, para que se aborde este tema con urgencia, lo hemos hecho con lealtad, pero dejando claro que en esta materia no caben ya soluciones a medias. Ya no caben demoras, demagogias, ni disculpas.

Cuando el debate se encontraba en esta fase nos hemos visto sorprendidos por las propuestas del Ministro de economía Sr. Solbes, que ha incluido entre las propuestas para el anteproyecto de presupuestos que presentará el Ministerio de Economía y Hacienda una REBAJA de los recursos que van destinados a los Ayuntamientos para el año 2009. Es la primera vez en los años de democracia que la asignación municipal en el marco del Presupuesto General Del Estado podría reducirse. Si no fuera tan grave parecería un sarcasmo.

Se hace esta propuesta por parte del gobierno en el marco de un debate sobre la crisis y la supuesta necesidad de austeridad en las cuentas publicas, austeridad por cierto que solo se prevé para la administración municipal que está sufriendo de un modo considerable la reducción de sus recursos como consecuencia de la crisis económica y el parón de la construcción.

Todos sabemos que en épocas de crisis es imprescindible que existan recursos suficientes para paliar las necesidades de las clases populares que son victimas del paro, las hipotecas, el aumento de los precios en productos básicos etc. Todos sabemos que esos ciudadanos al primer lugar al que acuden con su angustia y sus necesidades es a los Ayuntamientos.

Por ello reducir la aportación estatal a los ayuntamientos es sin duda reducir el gasto social que podría ayudar a que no paguen la crisis en solitario, una vez mas, los de siempre.

Por todo ello y ante la gravedad de una situación verdaderamente desesperada e insostenible, los Alcaldes y cargos públicos de IU en la provincia de Sevilla iniciamos desde el día de hoy una serie de movilizaciones que mantendremos en el tiempo con carácter indefinido en base a las siguientes reivindicaciones:

1. Exigimos una partida inmediata en los Presupuesto Generales del Estado del 2009 no inferior a 2.000 millones de euros que se complementará con otra partida de igual cuantía de los Presupuestos Generales de la Junta para paliar la deuda de los Ayuntamienrtos andaluces.

2. Planteamos una vez más una financiación basada en tres partes iguales: 33% de los recursos económicos para la Administración central; el 33% para las autonomías y el restante 33% para los Ayuntamientos.

3. La financiación local se hará con criterios objetivos, justos y no finalistas, es decir, que los Ayuntamientos tengan autonomía para decidir su política de inversiones.

4. Exigimos un fondo adicional para paliar la crisis económica y la caída de la construcción que garantice al menos dos meses de trabajo para las personas desempleadas del medio rural.

5. Exigimos el pago de la deuda histórica de los Ayuntamientos que actualmente asciende a 10.000 millones de euros.

6. Exigimos que desde la Junta de Andalucía se promuevan leyes y normas para dotar de suelo público a los Ayuntamientos con el objetivo de construir viviendas y otras obras municipales.

7. Exigimos la creación de una banca municipal pública que financie a los Ayuntamientos en todos los proyectos de interés general.

8. Que los Ayuntamientos no paguen el IVA, ya que, no desgravan y todos los servicios se encarecen un 16% y, además, exigimos la eliminación de recargo en el pago de las cuotas de la Seguridad Social para todos los Ayuntamientos.

9. Compensación a los Ayuntamientos por parte del Estado de los eliminados impuestos patrimoniales y de actividades económicas.

10. Exigimos la refinanciación de las empresas municipales.

11. Creación de un impuesto municipal a las operadoras de telefonía móvil cuya cuantía sea al menos del 2% de la facturación total.

12. Creación de una tasa a las compañías eléctricas equivalente al gasto municipal en electricidad en los servicios esenciales.

13. La participación de los ingresos del Estado (PIE) se liquidará puntualmente y los Ayuntamientos podrán pedir su adelanto sin intereses.

14. Exigimos que las obras del PFOEA se financien al 100%.

15. Exigimos el 100% de las obras de la Administración central y autonómica.

16. Reclamamos para los Ayuntamientos el parque de viviendas públicas y suelo en manos de la Junta de Andalucía.

17. Exigimos la participación de los Ayuntamientos en el Consejo Económico de Política Fiscal y Financiera.

18. Exigimos una nueva ley de régimen local que posibilite la creación de impuestos directos para que paguen más los que más tienen.

19. Desaparición de las Diputaciones y las Delegaciones Provinciales y que sus competencias con la financiación correspondiente sean cedidas a los Ayuntamientos.

20. Exigimos una respuesta inmediata por parte de la Consejera de Gobernación y del Ministro de Administraciones Públicas.

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