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Los Presupuestos Generales del Estado de 2015 vuelven a dar la espalda a la gente

24 de octubre de 2014 | 480 lecturas

De nuevo, otro año más, los Presupuestos Generales del Estado propuestos por el PP vienen a dar la espalda a esa mayoría social que sufre, que está en paro, que pasa hambre, que le quitan su vivienda. Son unos presupuestos claramente restrictivos, van a provocar más desempleo, menos protección a parados, que ignora el artículo 128 de la Constitución que dice que toda la riqueza del país debe estar subordinada al interés general, y que continúan en la línea del desmantelamiento del Estado Social, Democrático y de Derechos.

Unos presupuestos a los que cínicamente el ministro Montoro califica de “la consolidación de la recuperación”, y en los que la partida más importante se dedica al pago de los intereses de la deuda que se situará en uno 35.500 millones de euros, 10.000 millones más que la destinada a prestaciones por desempleo que además, sufre un recorte de unos 7.200 millones; recortes éstos que vendrán a compensar los menores ingresos derivados de la rebaja fiscal que beneficia a las rentas más altas. En definitiva, la rebaja fiscal la pagarán los desempleados y desempleadas con la pérdida de sus coberturas.

Unos Presupuestos además, donde existen importantes recortes en Educación, Servicios Sociales, Dependencia, políticas contra la violencia de género, o donde la apuesta estrella para crear empleo se limita al Plan CRECE, dotado de unos insignificantes 450 millones para todo el Estado.

Con respecto a Andalucía, los PGE vuelven a castigarnos de manera especial y casi obsesiva. Se vuelve a incumplir lo que prevé nuestro Estatuto respecto a la ratio inversión/población, elemento éste clave para el equilibrio territorial, y ya van acumulando, desde 2008, una deuda del Estado con Andalucía, solo por este concepto, de 2.300 millones de euros. Las inversiones en nuestra tierra suponen el 15% (2.000 millones de euros) del total de la inversión, por debajo del peso de la población que es del 17,8%. Con estos datos, la inversión por persona en Andalucía se sitúa en 239 euros y nos coloca en la décima posición entre las Comunidades Autónomas.

Además, el Fondo de Compensación Interterritorial se siguen manteniendo en 425,8 millones de euros, lo que significa desde la llegada de Rajoy al Gobierno, una reducción de más del 54% para Andalucía.

En lo provincial, Sevilla cuenta con 300.200 personas en desempleo, de las que prácticamente el 48% no cobran prestación alguna y están a las puertas de la exclusión social, donde la calidad del empleo es precaria, donde el pasado año han cerrado más de 1.300 empresas y 2.700 autónomos han dejado su actividad, y donde el desmantelamiento del débil sector industrial es una realidad diaria, sufre también la discriminación más absoluta por parte del gobierno del PP en los PGE.

La inversión por habitante en Sevilla es un 40% inferior a la media española (154 euros, frente a los 242) y nos sitúa en el puesto 35 en el ranking del conjunto del Estado. Además, proyectos de especial importancia para el desarrollo económico y social de nuestra provincia, propuestos en el Congreso de forma reiterada en cada debate presupuestario son obviados o en el mejor de los casos contemplados con partidas insignificantes y ridículas. Por poner solo algunos ejemplos, podemos destacar la negativa reiterada actuar en el Polígono Sur (con el Plan Integral, el soterramiento de la vía férrea y la Comisaría), desdoble de la N-IV, red de Cercanías, Museo Arqueológico, etc.

Por otra parte, y al margen del desprecio que nuestra provincia sufre por parte del Gobierno Central, es necesario destacar el trato inconcebible por parte de una institución como la Diputación Provincial (gobernada con mayoría absoluta por el PSOE) que de manera sistemática condena a nuestros pueblos a una situación de exclusión social a la vez que acumula en depósitos bancarios o en remanentes de tesorería cantidades insultantes. Las Cuentas Generales correspondientes al ejercicio económico 2013 reflejan datos como 2,4 millones de euros de beneficios en depósitos en las diferentes cuentas corrientes, o 196 millones de euros (75 más que el año anterior) en remanente de tesorería. Todo ello, en una situación de carencia en necesidades básicas para una gran parte de la ciudadanía en nuestros pueblos, situación ésta planteada en reiteradas ocasiones por nuestros Diputados y Diputadas provinciales y alcaldes.

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