El Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el Decreto-ley 3/2017 de 19 de diciembre por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social, que viene a sustituir al Salario Social. Desde Izquierda Unida queremos desmontar las falsas bondades de esta renta mínima ya que no son más que un paso atrás en lo que se refiere a la atención a las personas y familias que se encuentran en peor situación en nuestro municipio y en Andalucía.
La Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía viene a sustituir, como hemos dicho, al antiguo Salario Social, que hace poco cumplía 25 años, y que hasta el propio Defensor del Pueblo Andaluz dijo que habían sido unos años insatisfactorios ya que no resolvía la situación de pobreza de Andalucía.
Esta Renta Mínima de Inserción no cumple con el Estatuto de Autonomía y el derecho de los andaluces y andaluzas a una Renta Básica, no cumple con el propio Decreto que regula esta prestación y tampoco con la recién estrenada y nefasta Ley 9/2016 de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía.
No cumple porque el presupuesto es insuficiente. Hace meses se elaboraba un estudio que viene a decir que para poder poner en marcha una Renta Básica, recogida en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, se necesitarían 380 millones de euros. Pues bien, esta renta que ahora se aprueba, tiene un presupuesto que no llega ni a los 200 millones de euros, es decir, menos de la mitad de lo que es necesario para luchar decentemente contra la exclusión social y la pobreza en Andalucía. Una Andalucía con más de 3 millones de andaluces y andaluzas en situación de pobreza y de exclusión social. Va a aumentar la burocracia para poder acceder a este tipo de ingresos, cargándola sobre los ciudadanos y ciudadanas, y sobre los Servicios Sociales Comunitarios de los Ayuntamientos, ya de por sí saturados y sin financiación, aumentando el trabajo de los y las profesionales. Va a ser mucho más complicado acumular los documentos e incluso se van a tener que hacer cursos de formación para poder tramitar este tipo de prestación. También el silencio administrativo cambia y será negativo, dejando en manos de la Junta de Andalucía la potestad de contestar o no a las solicitudes de personas con necesidad. Mucho nos tememos, que si ya el Salario Social tenía una media de concesión de 9 meses de espera, que habrá que esperar mucho más tiempo y que habrá muchos más silencios administrativos que denegarán automáticamente la renta.
Lo más sangrante es que establece un cupo máximo de familias a atender, serán 42.500, unas 120.000 personas. Esto no va a acabar con la exclusión social que sufren millones de andaluces y andaluzas. Como dice ‘Save the Children’ en un estudio realizado sobre esta RMI, la pobreza infantil solo se va a reducir en un 0,1 %.
Los requisitos se aumentan, y menos familias van a poder acogerse a esta prestación. Se tiene que estar en situación de desempleo, tener unos ingresos máximos familiares según el IPREM, 537,84 €, esto significa que las personas que trabajan de manera muy precaria y que cobran incluso por debajo del Salario Mínimo Interprofesional no van a poder acogerse a esta Renta Mínima de Inserción, a pesar de que sus ingresos sean menores de 500 €. Tampoco podrán hacerlo pensionistas que tienen una pensión inferior al IPREM.
Se establecen más criterios restrictivos, por ejemplo la persona que haga la solicitud de esta renta mínima tendrá que tener a toda su unidad familiar empadronada en Andalucía, esto significa que una persona inmigrante que lleve aquí 20 años pero que su familia esté fuera, no podrá beneficiarse de esta ayuda. Tampoco las personas que lleven viviendo menos de un año en la Comunidad. Es decir, para el PSOE, no todos los andaluces y andaluzas tienen los mismos derechos para recibir este tipo de prestación que debería ser garantista, universal y contributiva. No todos los andaluces y andaluzas tenemos el mismo valor para el PSOE.
Además, la elaboración de este RMI ha supuesto una reducción de los ingresos de los Ayuntamientos, en este 2017, nuestro Ayuntamiento ha dejado de percibir 40.000 € del programa de Garantía Alimentaria y de Suministros Vitales. En el 2017, los visueños y visueñas han dejado de tener esta ayuda por parte de la Junta, y ha sido el Ayuntamiento el que ha tenido que hacer este esfuerzo destinando más dinero a políticas sociales. En nuestro caso, era un compromiso que llevábamos en nuestro programa electoral, aumentar las partidas dedicadas a los Servicios Sociales. Nos vemos desatendidos por la Junta de Andalucía y vemos como el PSOE obvia la situación de necesidad de los vecinos y vecinas de El Viso del Alcor, por este motivo, desde IU, rechazamos energicamente este decreto y esta RMI y lo que le pedimos al Gobierno Andaluz es que repiense cómo quiere atender a los andaluces y andaluzas, pero es que además destacamos el carácter machista de la ley, que sobre todo perjudica a las mujeres ya que son las que tienen los contratos de menor sueldo, las mayores tasas de desempleo y las pensiones más bajas.
Por tanto entendemos que este decreto es machista, deja desatendidas a muchas mujeres y debe ser retirado de inmediato. Le exigimos a la Junta de Andalucía que desarrolle una ley de Renta Básica que es lo que viene recogido en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, para que de verdad se luche contra la pobreza en nuestra Comunidad.
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