Un paso atrás en nuestros derechos sociales. Contra el anteproyecto de ley de Servicios Sociales

20 de septiembre de 2016 | 751 lecturas



El pasado sábado 10 de septiembre se celebraban en Carmona unas Jornadas de análisis sobre el Anteproyecto de ley de Servicios Sociales de Andalucía, organizadas por el Área de SS.SS. de Izquierda Unida Andalucía, jornadas muy productivas en las que pudimos profundizar en el anteproyecto de ley que el PSOE quiere a probar para Andalucía.


Nuestra posición es de rechazo total a este anteproyecto, ya en marzo, nuestro grupo parlamentario presentó una enmienda a la totalidad, que no avanzó en el parlamento. Muchos colectivos, colegios profesionales y sindicatos rechazan este anteproyecto de ley. El propio Consejo Andaluz de Tribunal Superior calificó la ley como un “campo de minas”.

Después de tantos años esperando una nueva ley de Servicios Sociales, no podemos permitir, ni como grupo político, ni los andaluces y andaluzas, que este texto sea aprobado. Son muchas las razones que nos llevan a pensar así.

El gobierno andaluz está vendiendo este anteproyecto como un blindaje de derechos, pero si ahondamos en el texto y no nos quedamos en la palabrería, vemos que no es así.
No se puede predicar una cosa, vender titulares y luego hacer otra y aprobar leyes que van en contra de las personas.

En primer lugar es una ley que depende exclusivamente de la disponibilidad presupuestaria, y gracias a la aprobación del artículo 135 de la Constitución Española, por el PP y PSOE, el pago de la deuda a las entidades bancarias está antes que los derechos de la ciudadanía, es decir, se paga a los bancos y se deja a las familias sin agua, sin luz, sin pan, sin trabajo. Los derechos no pueden estar supeditados a las partidas presupuestarias, si se acaban ¿que pasa? ¿se dejan de prestar los servicios?.

Si la antigua ley ya es extremadamente asistencialista, en este nuevo anteproyecto de ley el asistencialismo se perpetuo, no hace más que perpetuar la caridad de modelos de los años 50, establecer redes clientelares, cuando lo que debe hacer es abogar por mucha más intervención social. Por acompañar a las familias en su paso por los servicios sociales sin perpetuar su estancia en los mismos, ayudándoles a salir de la situación de emergencia social en la que se encuentran. Los profesionales del sector no son meros gestores de “ayudas”, la intervención social va mucho más allá. Apostamos por el cambio social, y no por la prestación sin más. Debemos acompañar a las personas en su crecimiento, resolución de conflictos o situaciones de urgencia o emergencia, no hacerles víctimas perpetuas del sistema.

Otra de las grandes incongruencias de este anteproyecto es la inclusión de la privatización de los servicios sociales, no se regula adecuadamente la iniciativa privada con ánimo de lucro. Se dejan las puertas abiertas a esta privatización y no se diferencia a las iniciativas sociales o cooperativas de las que son privadas sin más interés que el económico. Tampoco se limita su campo de actuación, tal como está planteada la ley podría realizar un tratamiento un profesional (no de la administración pública sino de una entidad privada).
Esto no sólo aboga por un servicios sociales donde la rentabilidad esté antes que las personas, sino que atenta contra los derechos laborales de los profesionales, donde la empresa privada buscará beneficios antes de la estabilidad o dignidad en el trabajo de los profesionales.
El anteproyecto de ley tampoco trata como algo fundamental la prevención, no solo debemos poner todo nuestro esfuerzo en situaciones de urgencia y necesidad, debemos trabajar porque ciertas situaciones no se den, y eso solo se consigue con las adecuadas políticas de prevención.

No define adecuadamente al profesional de referencia, debiendo ser los equipos técnicos de intervención, los que definan la actuación con cada persona y además irá cambiando el técnico de referencia según las necesidades de cada persona.
La participación de la que tanto presume el anteproyecto es otra pata que no se ha trabajado lo suficiente, algo a los que nos tiene acostumbradas el Partido Socialista que pide opinión al resto de partidos, asociaciones, colegios profesionales , etc, para luego no recoger ni una sola de sus recomendaciones.

Por todos estos motivos y muchos más, seguiremos trabajando por la mejora de este anteproyecto de ley. El Área de SS.SS. de IU Andalucía y nuestro Grupo Parlamentario está trabajando para presentar las enmiendas necesarias para que esta ley salga adelante de la manera más justa y consensuada posible con todos estos colectivos y para que sea una ley de verdad, que garantice y blinde los derechos de todos los andaluces y andaluzas.

Animamos a todos los visueños y visueñas a que participen de todas las actividades y movilizaciones que de aquí a la aprobación de este anteproyecto de ley organicemos desde IU El Viso, porque al final todos y todas vamos a ser los beneficiados de los cambios que podamos imponer a las leyes que se aprueban en el Parlamento Andaluz.




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