Aquí está la rueda de prensa 2.0 realizada por nuestro Grupo Municipal en el Ayuntamiento de El Viso del Alcor. 12 preguntas han sido las que vosotras, la ciudadanía, habéis realizado y nuestro grupo ha respondido. Sobre todo preguntas sobre la situación de AVAIN y del Campeonato Nacional de Galgos celebrado en nuestra localidad.
En el último Pleno Ordinario celebrado en el Viso, concretamente el pasado miércoles 29 de enero, desde Izquierda Unida no sólo vimos cómo nuestras mociones eran rechazadas sin un argumento sólido y vagas excusas, sino que también pudimos comprobar algo que ya temíamos: el Equipo de Gobierno “olvida” fácil y rápidamente los acuerdos plenarios aprobados si estos han procedido de propuestas provenientes de la oposición.
El equipo de gobierno PSOE+PA volvió a rechazar la propuesta de hacer públicas y transparentes las bolsas de empleo que desde el Ayuntamiento se ponen en marcha. Además rechazaron destinar a Cáritas los 2.880 € que Manuel Domínguez recibe por supuestas relaciones públicas como consejero delegado de GUSAm.
Presentamos esta moción, proponiendo la total transparencia de las bolsas de empleo municipal, para garantizar así la buena gestión, con justicia de las listas de empleo municipal. No es la primera vez que proponemos esta forma de actuar, pero esta vez la completamos con una propuesta de reglamento de funcionamiento.
GUSAm es una empresa pública cuyo capital, en un 93% aproximadamente, es de propiedad de este Ayuntamiento, por tanto, su gestión, es responsabilidad de este pleno. En el presupuesto de esta entidad para el ejercicio 2014, no se contempla la venta de ninguna vivienda, ni local, ni garaje, ni terrero, sólo se prevé la gestión del alquiler de 16 VPO en la “Barriada Los Maestros”, 7 VPO en la U.E. 21.3 y 3 naves en el Polígono Industrial “Poliviso”.
Granada Santos califica el recurso de inconstitucionalidad del PP a la Ley Andaluza de Derecho a la Vivienda como “triste y lamentable, que demuestra de qué lado están, y que no es, claramente, junto a la ciudadanía”. Esta ley defiende el fin social de la vivienda, recogido en la Constitución española y antepone la protección de las personas, a la acción especuladora de los bancos.





