Han pasado seis meses desde el sorteo de las 42 viviendas de protección oficial en nuestro pueblo y todavía no se han terminado de adjudicar.
Más de 700 solicitudes se recogieron en su día para participar en el susodicho sorteo, más de 700 personas visueñas que esperaban poder acceder a una vivienda a un precio asequible, pero de nuevo el tiempo nos ha dado la razón.
En su día, Izquierda Unida denunciaba el elevado precio al que se iba a poner a la venta estas 42 viviendas, precio nada acorde con la situación económica de la ciudadanía, precio sinrazón e impagable para ese sector de la población que tiene verdaderas necesidades de una vivienda, y que como tal derecho se recoge en nuestra constitución.
Más de 200 personas han renunciado ya a las mismas, 9 viviendas quedan todavía por adjudicar, y encima en el pasado pleno se aprobaba un convenio con el consorcio de viviendas del área metropolitana para hacer un sondeo de la necesidad de vivienda, escudándose en que no costaría nada a este Ayuntamiento.
Izquierda Unida aboga por destinar ese dinero público, lo ponga quien lo ponga, a abaratar los precios de las viviendas protegidas, y sobre todo cuando en el caso específico de nuestro pueblo, no se ha tenido que invertir nada en los terrenos, no costaron nada ya que fueron producto de una cesión.
El Ayuntamiento no puede convertirse en especulador, aún estando dentro de la ley, no puede vender al precio máximo que se le permita, y encima no puede engañar a la población aludiendo que si no llega a ser por la venta de los comerciales que irán en la planta baja no sería rentable la construcción de estas viviendas. Tenemos ejemplos claros en España de que si se quiere se puede, y nos remitimos al caso de Fuenlabrada, incluso un constructor particular se atreve a desmontar todo lo argumentado por las instituciones. Si se quiere se puede.
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