Contra la Ley de Reforma de la Administración Local del PP

17 de julio de 2013 | 262 lecturas

Rueda de prensa de la Plataforma contra la Reforma de la Administración Local (formada por UGT, CC.OO., PSOE, PA, IU, Leusis y La Recovera, por ahora) que quiere aprobar el Partido Popular en los próximos días, convocando a una concentración el viernes 19 de julio a las 12h en la puerta del Ayuntamiento. Un ataque total a los servicios más cercanos a la ciudadanía como pueden ser servicios sociales o atención a la mujer que desaparecerán de pueblos como el nuestro obligando a la gente a ir a Sevilla.

Se convocan a todos los vecinos y vecinas a una concentración el próximo viernes 19 de julio a las 12h en la puerta del ayuntamiento para mostrar nuestra repulsa por la aprobación de esta ley.

MANIFIESTO DE LA PLATAFORMA:

Desde el inicio de la democracia, por cuestiones de cercanía, los ayuntamientos han intentado dar respuesta a casi todas las demandas planteadas por los vecinos, que no eran atendidas debidamente por otras administraciones. Como consecuencia han ido creando servicios sin que el Estado le correspondiera con la debida financiación. En los últimos años se viene articulando un interesado e injusto discurso que culpabiliza a los ayuntamientos en general del desastre económico del país, cuando la deuda de estos no llega ni siquiera al 5% del total y, de ella, el 21% corresponde al Ayuntamiento de Madrid en solitario.

El próximo viernes 19 de julio, el Consejo de Ministros quiere aprobar el proyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que modificará la normativa estatal en materia de Administración Local.

Aunque la finalidad declarada de esta reforma dicen que es ahorrar (“racionalizar la estructura organizativa de la Administración local, garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y favorecer la iniciativa económica privada, evitando intervenciones administrativas desproporcionadas”), lo que realmente se esconde detrás de la misma es una recentralización, una reducción de la autonomía local a su mínima expresión, porque nos quitan competencias, nos establecen un techo de gasto y un coste estándar de los servicios, independientemente de los ingresos municipales y de los remanentes que habrá que dedicarlos prioritariamente al pago de la deuda. Todo ello repercutirá en una masiva pérdida de empleos y en la privatización de servicios para favorecer a las empresas privadas que han perdido el negocio del ladrillo.

Al reforzarse el papel de las Diputaciones y de las Comunidades Autónomas, se alejará la solución de los problemas y la capacidad de intervención de los alcaldes en los mismos. En el caso de El Viso del Alcor, el Ayuntamiento perdería la competencia sobre educación (mantenimiento y limpieza de los colegios), sanidad e inspección alimentaria, servicios sociales (quedando el ayuntamiento solo para la atención urgente), promoción de vivienda pública y políticas de igualdad (desapareciendo el Centro de la Mujer). En muchos casos, los vecinos y vecinas se encontrarán con un deterioro o pérdida de servicios, teniendo que acudir a Sevilla para que sean atendidas muchas de sus demandas.

Los servicios que prestarán municipios como El Viso serán: recogida de residuos sólidos y limpieza viaria, abastecimiento de agua, alcantarillado, alumbrado público, pavimentación, parques, cementerio, biblioteca, policía, tráfico, ferias, abastos, comercio ambulante, promoción del deporte, promoción cultural y planeamiento urbanístico, entre otros. Si el coste de la prestación de un servicio determinado fuera superior al precio estándar fijado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y además se tratase de una “competencia impropia”, se suprimiría el servicio. Por el contrario, si fuera un servicio mínimo, siendo el caso de un municipio de menos de 20.000 habitantes, éste sería prestado obligatoriamente por la Diputación o bien el ayuntamiento tendría que rebajar el coste optando entre reducir personal, rebajar salarios o disminuir la calidad del servicio. Además, cuando sean las Diputaciones las encargadas de la prestación de los servicios, éstas decidirían la cantidad que habría que abonar por cada uno de ellos, perdiendo el ayuntamiento la capacidad de señalar el coste de las tasas y la posibilidad de tener un tratamiento solidario con los sectores menos pudientes.

Consideramos que la reforma que se necesita en el ámbito local no puede discurrir por la senda de recortar competencias a los municipios y vaciarlos de contenido, haciéndolos depender más aún de otras instancias, pues equivale a un deterioro de la institución democrática más cercana al ciudadano.

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