Andalucía por sí ¿nos une el meditearraneo?
22 de octubre de 2005 | 239 lecturas


Artículo de opinión de Sebastián Martín Recio, Alcalde de Carmona y Coordinador Provincial de IU-LV-CA.


Los efectos que la globalización neoliberal está provocando en los distintos ámbitos de la economía, la cultura, las relaciones sociales y en la misma identidad de los pueblos son más que evidentes. Pero este proceso, a su vez, está generando la aparición de respuestas de toda índole que conforman un panorama alentador para quienes seguimos manteniendo la necesidad de un cambio histórico que abra un nuevo ciclo de transformaciones en pro de la justicia, la igualdad y la libertad. Entre estas respuestas caben destacar, además de las clásicas del movimiento obrero contra las desigualdades, aquellas de carácter transversal que han conseguido modificar las propuestas y los códigos de una inmensa mayoría de ciudadanos y ciudadanas, nos referimos a los movimientos ecopacifistas y feministas. De la misma manera, aparecen con fuerza propia y de manera emergente las identidades territoriales como respuesta a los mecanismos que vienen a diluir la personalidad y la cultura de los pueblos. Estas identidades generan un consenso social activo entre sus habitantes que supone una auténtica defensa de los valores propios patrimoniales e históricos, y también adquieren a veces un significado de carácter expansivo que viene a incidir en el conjunto de la diversidad territorial de su propio entorno. Es un proceso dialéctico de reajustes y desequilibrios, de asimetrías y también de confluencias que, en el espacio político, puede ser un instrumento para el cambio de la correlación de fuerzas existentes o para la consecución de un sin fin de intereses económicos.

Todos estamos convencidos de que en nuestro país asistimos a un proceso de reformulación del modelo de Estado, agotada en gran medida la Constitución de 1978 para atender las nuevas realidades, y, además, estamos presenciando una construcción europea llena de contradicciones, pero que está concebida con unos intereses y unos conceptos coherentes con el sistema general que esa globalización neoliberal viene formulando. Ambos procesos están interrelacionados hasta tal punto que, de hecho, la non nata constitución europea ha sido la mayor modificación de la constitución de 1978 que hemos conocido, sin que expresamente se haya aprobado con esa finalidad. Estamos pues en una “transición” que reúne esas dos características que le son propias: se cuestiona la situación existente y se abren las posibilidades de una salida que no se conoce a priori. Por tanto, se abren expectativas para todos los sujetos que están inmersos o implicados en el proceso.

La reforma del Estatuto de Cataluña ha producido en diversos sectores de opinión críticas encontradas, a veces magnificadas, que son lógicas desde la pluralidad política existente en nuestro país. Hay dos que han centrado más la atención por su enjundia: la que refiere el término nación como definición de la propia comunidad y la que establece un sistema de financiación concebido con análisis y criterios de interés exclusivamente propios. A la primera poco debiera objetarse, cuando todo queda al final a la libre interpretación del significado de las palabras; sin embargo, a nadie se le oculta que tras las palabras existe la lógica densidad de lo que se quiere ser, y, tras ello, de lo que se quiere tener. El término es, pues, no sólo respetable y asumible, sino coherente con la trayectoria histórica y la libre interpretación que los representantes del pueblo de Cataluña han considerado adecuado.

Es en el tema de la financiación donde vendrán los “reajustes” que permitan amortiguar los “desequilibrios de opinión” existentes, es decir, “podemos llegar hasta el 50% del IRPF”... Pero esta cuestión, y la anterior, deben ser consideradas con una visión más global, es decir, a luz de lo que la globalización neoliberal está provocando en la construcción europea y en el mundo. En primer lugar, reducir el tema de la financiación a una cuestión de carácter tributario es reducirla a la mínima expresión. Debemos tratarla en el contexto del flujo de capitales, de las redes de inversiones de toda clase y de las expectativas de acumulación de capital que se vienen produciendo en los últimos años. En segundo lugar, sacarla del contexto en el que nos desenvolvemos puede reducirla igualmente a una cuestión de carácter numérico. Se trata de ver, política y culturalmente, en qué contexto queremos desenvolver nuestro desarrollo. Y ahí surgen dos escenarios bien distintos: El de una Europa del Mediterráneo que, espacio de encuentro entre sus dos orillas, apuesta y dirige sus esfuerzos hacia la paz y la cooperación, y en el plano de la cultura y de la economía hace valer su identidad con una forma de entender el mundo y las relaciones sociales, basadas más en las personas que en la rentabilidad con listones menos competitivos y comunicación más abierta. Y el de una Europa, mostrada ya en la propuesta de “Tratado Constitucional”, coherente con la globalización neoliberal, que forja en Alemania, Francia y el Reino Unido sus grandes valedores.

Puede ocurrir, entonces, que el proceso de reforma del Estatuto de Cataluña, en el contexto del proceso de reformulación del modelo de Estado y de construcción europea, lo que realmente venga a suponer sea una ruptura de la “línea del Mediterráneo”, conformando las aspiraciones de un sector de Cataluña que se siente más identificada como Norte en el Estado Español (recordemos la Liga Norte italiana) y referente económico centro europeo que como parte integrante de un contexto mediterráneo con todas las consecuencias. Vistas las cosas así, el término nación sólo es un pretexto más que una seña de identidad, y el tema de la financiación es también secundario. Ese puede ser un debate que quede en estos meses relegado siendo realmente trascendente.

En este debate general, el papel de Andalucía cobra una relevancia especial. Es la “nación” del Estado que, además de tener más que suficientes señas de identidad cultural, trayectoria histórica de siglos y potencialidades propias en todos los aspectos, puede marcar una pauta en el “sentido” u orientación de estos acontecimientos, tanto en el plano de la solidaridad entre comunidades como en el relacionado con la distribución real del poder en el Estado, tanto en el contexto de las relaciones con África como en el fortalecimiento del eje del Mediterráneo. Sin embargo, el déficit principal de Andalucía en estos momentos es la ausencia de un sujeto histórico, colectivo y consciente, con capacidad social y política suficiente para hacer valer estas posibilidades

Conscientes de ello, un numeroso grupo de personas, provenientes unos del mundo universitario, otros de movimientos sociales, de sectores culturales y de instituciones locales, han creado una plataforma -“Andalucía por sí”- con el objetivo de extender el debate y propiciar la participación suficiente que permita la generación de un estado de opinión que a su vez saque de la atonía social y la indiferencia a los ciudadanos y del estancamiento a las mismas instituciones. Las reflexiones que aquí se contienen son en gran medida las compartidas en los debates de esta plataforma

Andalucía está atravesando una etapa de posibilidades y, a la vez, de grandes riesgos para su presente y para su futuro. Hemos sufrido en las últimas décadas una transición brutal en todos los aspectos relevantes que marcan la vida de una comunidad. Hemos crecido económicamente, hemos avanzado en lo social... Indudablemente, estamos mejor que hace varias décadas en muchos aspectos, sobre todo materiales, pero también nuestra vida colectiva e individual se ha cargado de valores enfrentados a la solidaridad, al comunitarismo, a la preocupación por los demás y a nuestra propia cultura andaluza.

La globalización mercantilista y la idea, parcialmente correcta pero también parcialmente falsa, de que pertenecemos al Norte en contraste con el atrasado y angustiado Sur, ha hecho que, a veces, bajo el signo del conformismo, tengamos la tentación de instalarnos en la cultura de la satisfacción con lo que hay y olvidemos lo que somos y lo que aspiramos a ser. También cuesta cada vez más trabajo mostrar la crítica o el deseo de superación ante el hecho, más o menos cierto, de que “siempre somos los mismos” y ante quienes nos dicen “que nunca estamos contentos con nada”. Y, efectivamente, no estamos contentos con nada ni con poco, porque el tema no es cuantitativo ni sólo subjetivo; es, sobre todo, cuestión de analizar nuestra realidad y la perspectiva en la que nos encontramos.

La realidad demuestra que nuestra situación económica y social deja mucho que desear si la comparamos no sólo con nuestro pasado sino con el presente de otras Comunidades Autónomas del Estado. Las tasas de paro, de precariedad en el empleo, de siniestralidad laboral, de casos de cáncer, de fracaso escolar...; el nivel de dependencia, el déficit de infraestructuras y de equipamientos sanitarios, culturales y educativos...; el desmantelamiento del potencial agrícola, forestal, ganadero, pesquero, minero, industrial...; a cambio de centrar nuestras actividades en los servicios y del turismo, también nos ha hecho más vulnerables. Hemos tenido, sin duda, crecimiento, pero también un desarrollo desigual, con desequilibrios territoriales importantes, véanse si no las diferencias entre el litoral y el interior, entre las áreas metropolitanas y las periferias. Y, sobre todo, nuestro crecimiento se ha basado demasiado en procesos especulativos, no en una economía sólida con capacidad de desarrollar nuestras propias potencialidades.

Por otra parte, el peso de Andalucía en el conjunto del Estado sigue siendo muy escaso, a pesar de que el 4 de diciembre de 1977 y el 28 de febrero de 1980 el pueblo andaluz conquistó el derecho al autogobierno y a una autonomía de primer nivel. Y esto hace que la voz de Andalucía apenas cuente en las decisiones claves en el Estado Español y en la Unión Europea, con la consiguiente imposibilidad de defender nuestros intereses colectivos.

En este contexto, las perspectivas que se abren ante nosotros los andaluces y andaluzas requieren un papel activo de la sociedad civil, de las organizaciones sociales y de las instituciones. El grado de autogobierno alcanzado gracias a la conciencia ciudadana andaluza en los años setenta y comienzos de los ochenta del pasado siglo fue en realidad la apertura de un proceso de descentralización política con una visión federal y solidaria que vino a romper el esquema asimétrico que algunos pretendían. Andalucía reclamó en su Estatuto, como expresión de su identidad histórica, cultural y política, el derecho al autogobierno para resolver sus problemas económicos y sociales y reafirmar su identidad. Sin embargo, aquella conciencia fue adormecida progresivamente y, junto a la desarticulación social y las políticas clientelares que se han venido realizando desde el gobierno andaluz, la sociedad civil y las organizaciones sociales han perdido pulso reivindicativo y capacidad alternativa. Y ello ha provocado, a su vez, que el debate sobre Andalucía quede circunscrito realmente a una minoría institucional y a una confrontación artificial entre los dos partidos estatales mayoritarios, y sea vista como una cuestión para la discusión de “expertos”.

Ante la reformulación del modelo de estado que se está proponiendo desde diversos ámbitos territoriales y políticos del Estado, Andalucía debe plantear, sobre la base de la reafirmación de su identidad histórica, cultural y política, sus exigencias de las mayores cotas de autogobierno que le corresponden como nación. Y en la reforma del Estatuto de Autonomía que se está gestando, dejar clara la voluntad que en su día los andaluces pusieron de manifiesto, reflejando en él las conquistas conseguidas y las reivindicaciones que han surgido en nuestra tierra: los derechos sociales, económicos y civiles conseguidos y los que quedan por conseguir en esta etapa histórica, la defensa y desarrollo de la cultura andaluza en un marco de interculturalidad, y la descentralización política que garantice la autonomía municipal, el papel de las comarcas y la participación ciudadana en el más amplio sentido que la democracia requiere.

El poder andaluz ha de basarse en primer lugar en la propia ciudadanía. Una ciudadanía activa que ha de ver en su Estatuto los cauces e instrumentos para canalizar la participación de manera eficaz, en el marco de una democracia avanzada. El poder andaluz ha de tener un sustento material evidente en la defensa de los bienes comunes de Andalucía: el agua, la energía, las infraestructuras y las capacidades productivas propias han de tener suficiencia y solvencia para que en modo alguno tengamos espacios de dependencias económicas que impidan o supeditan nuestro desarrollo.

El nuevo Estatuto debe garantizar el nivel de autogobierno necesario para que Andalucía pueda caminar por sí, en pie de igualdad con los otros pueblos del Estado Español, y para que pueda intervenir activamente y desde sus propios intereses en la construcción europea y en las relaciones de cooperación y solidaridad con todos los países y pueblos del mundo. El Estatuto debe dotarnos de capacidad y soberanía para decidir en el ámbito de nuestras potencialidades económicas, sociales y culturales y hacer posible el acceso igualitario a los bienes y servicios: a un trabajo digno, a la cultura, a la educación, a la salud, a la vivienda y a los mecanismos de protección social que entre todos vamos construyendo.




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